Algunas luchas recientes en el sur del Perú
La provincia de Yunguyo queda en la frontera, “en el confín de la patria” dice una emisora local, allí se encuentra ubicado el apu Qapía, la montaña sagrada que también está afectada por concesiones mineras. La población manifiesta su rechazo a esas concesiones, como sucede en muchas otras poblaciones de los andes peruanos.
En el distrito de Pichacani, perteneciente a la provincia de Puno, algunos dirigentes se encuentran en negociaciones con la minera Aruntani, que ha extendido sus concesiones entre las regiones de Puno y Moquegua hasta una extensión mayor a las 4,000 hectáreas. Algunos reconocen que esas negociaciones se están dando sin que la población se encuentre bien informada de los reales riesgos de la actividad minera, ubicada en cabeceras de cuenca.
En la provincia de Azángaro, la federación provincial de campesinos rechaza las actividades de Cofopri, organismo estatal encargado de la titulación de tierras, pero cuestionado porque promueve la desintegración comunal, favoreciendo a las empresas mineras. La federación viene realizando diversos talleres informativos en cada cuenca de la provincia, cosa que no hacen las empresas ni Cofopri.
En la provincia de Carabaya, la población se opone a la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, y han logrado el respaldo de toda la región Puno, buscando además lo mismo en Cusco y Madre de Dios, zonas afectadas también por esa hidroeléctrica. Los pobladores de la cuenca del Inambari han sido reprimidos brutalmente en protestas anteriores, luchando porque no les quiten sus tierras y su modo de vida, para una obra que pretende llevarse la energía producida al Brasil.
En el distrito de Combapata, provincia de Canchis, en un evento escolar de clubes ecologistas, algunos estudiantes cuestionaron que en dicho evento no se tocase el tema de las concesiones mineras, uno dijo que estaba bien hablar sobre el cambo climático, pero era importante señalar a los principales culpables: los países del norte. Precisamente en esa provincia, la minería y la construcción de la hidroeléctrica de Salcca Pucara, concesionada a una empresa, mantienen un rechazo generalizado.
La junta de regantes del Cusco paró durante 24 horas completas, exigiendo que las autoridades reconstruyan la infraestructura de riego dañada durante las inundaciones del mes de enero. La población del campo sabe que ya no puede pedir nada al gobierno, que tiene que exigírselo con medidas drásticas, porque no le hará caso.
La provincia de La Convención paró dos veces contra la exportación del gas, extraído del distrito de Echarate, donde contradictoriamente el precio del gas es mayor que en otras regiones del país, haciendo que sus habitantes prefieran cocinar con leña. Allí también nos llegaron los rumores de que existe el proyecto de construcción de otra hidroeléctrica entre los distritos de Santa Ana y Echarate, junto al apu Urusaywa y las cataratas de Illapani. Se avecinan más conflictos.
Este recuento menciona sólo algunos conflictos en el sur del Perú, en el trayecto entre los apus Qapía y Urusaywa. Es un área suficientemente grande como para darnos una idea de lo que pasa en el país. Ahora, son las poblaciones de esas provincias las que encabezan las luchas nacionales, los que están convocando al nuevo paro nacional. Pasó el tiempo en que todo lo dirigían las dirigencias de las capitales, controladas por algunos partidos. Este breve recuento expresa el crecimiento de los movimientos sociales en el país, movimientos que ni las elecciones ni el mundial de futbol han logrado opacar, esas son buenas señales.
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