Hugo Blanco
Juan Jiménez Mayor, primer ministro, ha propuesto la “Ley de Negacionismo” que sancione penalmente a todo el que niegue que las agrupaciones “Sendero Luminoso” (“SL”) y “Movimiento Revolucionario Tupac Amaru” (“MRTA”) fueron terroristas. Una ley que castigue el delito de opinión.
Terrorista es quien sintiéndose incapaz de convencer de sus posiciones políticas con razones, pretende persuadir mediante el terror.
SL y MRTA, por lo menos en un principio, actuaron para acabar con la situación de opresión que vive nuestro pueblo. La experiencia de los 20 años de guerra interna ha mostrado suficientemente que debido a sus acciones nuestro pueblo fue más aplastado que nunca, pues el sistema castigaba con masacres cualquier protesta social calificándola de terrorista. La guerra interna no produjo ninguna mejoría para el pueblo oprimido, produjo 70,000 muertos, además de desaparecidos, torturados, encarcelados, desplazados.Por esas razones censuramos el terrorismo de SL. y MRTA.
Si ha de aprobarse el proyecto de ley mencionado, también debe señalarse que se castigará a quienes nieguen el terrorismo de Estado, mucho más criminal que el de SL y MRTA.
Si ambos grupos cometieron terrorismo para acabar con la situación de opresión de nuestro pueblo, el terrorismo de Estado se cometió para garantizar el mantenimiento de la opresión del pueblo peruano por las grandes empresas transnacionales, extranjeras. Fue una feroz acción anti-peruana.
Además, frente al terrorismo de SL y MRTA, tiene el agravante de que mientras los miembros de estos grupos arriesgaban su vida o su libertad, los terroristas gubernamentales pensaban saber que actuaban con total impunidad. Afortunadamente, en muy pocos casos, fueron levemente castigados debido a la fuerte presión popular, como Fujimori que está en una prisión dorada o Videla, el terrorista de Estado argentino.
En el Perú el terrorismo de Estado fue practicado por los tres gobiernos de los años de la guerra interna: El de Belaúnde (calificado como el “gran demócrata” por el sistema opresor), el de Alan García y el de Fujimori.
Sin embargo no sólo ellos. Vemos que el gobierno militar de Ollanta Humala, continúa practicando el terrorismo de Estado. Luego de haber prometido en su campaña electoral que lucharía por el agua contra el oro, ha ordenado asesinar, entre los muchos muertos que ya cuenta en su haber, a pacíficos defensores del agua. Como vemos, a través de su “gabinete del diálogo”, dirigido por el proponente de esta ley, el gobierno “Nacionalista” continúa matando peruanos poniéndose al servicio de compañías extranjeras.
Exigimos que si la ley ha de castigar a quienes nieguen el carácter terrorista de SL y MRTA, también debe castigar a quienes nieguen el carácter de terroristas de los ejecutores del terrorismo de Estado.
Setiembre 2012
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