La reforma agraria de 1969 acabó con el injusto sistema de haciendas en el Perú, devolviendo terrenos a las comunidades, creando cooperativas agrarias y poniendo como límite máximo 150 hectáreas para un propietario. Con la Constitución de 1993 empezaron a darse una serie de leyes para liberalizar nuevamente el mercado de tierras. En la costa del país, las antiguas y debilitadas cooperativas azucareras fueron desmanteladas y sus tierras altamente productivas fueron siendo adquiridas por grandes empresas, de forma ilegal en un proceso llamado concentración de tierras.
Según un informe del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), un total de 225 mil hectáreas se concentran en sólo 34 empresas agroindustriales. En La Libertad hay 100 mil hectáreas en manos de 13 propietarios; en Lambayeque 28 mil hectáreas y 2 propietarios; en Piura 31,800 hectáreas y 7 propietarios; y en Ica 13 mil hectáreas y 8 propietarios. El Grupo Gloria controla alrededor de 45 mil hectáreas en la costa de Ancash y La Libertad, le sigue el grupo Oviedo con 22 mil hectáreas de cultivo en Lambayeque, principalmente para caña de azúcar, y el grupo Romero, con 20 mil hectáreas en la región San Martín, destinadas a la producción de palma aceitera para combustible.
Pero esas empresas no cesan en su ambición acaparadora de tierras, por ejemplo, el Grupo Gloria (de la familia Rodríguez Banda) compró desde el año 2006 las azucareras Casa Grande, Chiquitoy, Cartavio, Sintuco y San Jacinto, sumando 60 mil hectáreas en el valle de Chicama, región La Libertad.
Supuestamente para frenar la concentración, el 5 de mayo, el gobernante partido Aprista presentó el proyecto de Ley 3194, que propone limitar la propiedad en 40 mil hectáreas, es decir, permitir la concentración de tierras hasta dicha extensión, que son la mayoría. Este proyecto ha sido cuestionado por las organizaciones indígenas y campesinas, pues beneficiaría a las grandes empresas dedicadas a los cultivos de exportación y agrocombustibles, atentando así contra la soberanía y la seguridad alimentaria.
Para evitar estos problemas, el gobierno propone fortalecer las facultades del Indecopi con el fin de controlar los monopolios. Pero ante el rechazo de las organizaciones agrarias, el aprista Jorge del Castillo afirmó que la propuesta puede ser corregida y cambiada por otra lograda en consenso. Como respuesta, el 3 de junio la congresista nacionalista Susana Vilca presentó otro proyecto consignando límites de 5,000 ha por región; el 9 de junio el también nacionalista Tomás Zamudio presentó el proyecto de Ley 4075, proponiendo un límite de 25,000; y el El 22 de junio, la congresista Gloria Ramos presentó el Proyecto de Ley 4062, que condiciona el límite a 10,000 hectáreas.
Por su parte, la Confederación Campesina del Perú propone limitar la propiedad a 250 hectáreas, desmantelando así los monopolios y recordando que diversos estudios demuestran que la pequeña agricultura es más barata, ecológica y genera más fuentes de empleo porque no está mecanizada como en las grandes concentraciones de tierra existentes en la costa. La Confederación Nacional Agraria (CNA) señala que los tres proyectos de ley “desconocen las características geográficas y culturales” del país y “vulneran derechos reconocidos a comunidades campesinas, nativas y productores agrarios”. También Conacami ha cuestionado esos proyectos porque se convierten en una amenaza para los territorios de las comunidades andinas.
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