La persecución política es contra el pueblo

Ante las crecientes protestas sociales, el gobierno ha iniciado una campaña de amedrentamiento y difamación por todos los medios posibles. Pero no es sólo el gobierno, la clase empresarial, los partidos de la derecha que co-gobiernan con el APRA, la prensa nacional controlada (casi en su totalidad) por esos sectores, en fin, todos ellos han unido sus fuerzas contra la amenaza que más temen: el despertar del pueblo.
Lo primero fue hablar de agitadores comunistas en cada movilización, reclamo, consultas. A la vez, los decretos que fomentan la represión se fueron preparando desde mediados del 2007, aplicados por primera vez en el paro agrario. Para complementar esta macabra campaña, iniciaron la persecución y detención de opositores políticos.
Ahora dicen que las protestas son agitadas por los bolivarianos, relacionados con las FARC de Colombia y el MRTA (agrupación que se suponía desarticulada y vencida por el Estado) y detienen a 7 activistas en Tumbes, cuando regresaban de un evento público de la Cordinadora Continental Bolivariana, organización legal e internacional.
También “Lucha Indígena” ha sido difamado por un medio fujimontesinista, y el programa televisivo Panorama acusó al Foro Solidario (realizado en Cusco los días del paro) de ser organizado por el chavismo. La primera cuestión fue ampliamente rebatida por nuestro director. En el caso del Foro cabe aclarar que este evento fue autogestionado por sus varios organizadores (organizaciones académicas, colectivos y municipalidades solidarias), que no es bolivariano ni comunista, sino un espacio plural y democrático de búsqueda de alternativas al neoliberalismo.
Y esto no nos impide opinar sobre el caso de los 7 de Aguas Verdes. Que no fueron capturados previa orden judicial ni en delito flagrante, como exige la Ley. Pudieron abrirles proceso por las sospechas, pero sólo eso. La acusación no tiene fundamento, no se ha probado que los 7 tengan los vínculos mencionados.
Se puede discrepar con la tendencia bolivariana, se le puede cuestionar sus vínculos a organizaciones armadas, se puede hasta exigir (desde el Estado peruano) que rompa esos vínculos; pero no se puede encarcelar a sus simpatizantes. Está claro que actualmente están detenidos por sus ideas, no por sus acciones. Es decir, en el Perú de Alan García pensar diferente es un delito, hemos vuelto a los tiempos de la Inquisición. El hecho más resaltado es que Roque Gonzales (uno de los detenidos) cumplió condena por integrar el MRTA (1996-2005), como si ese hecho le prohibiera reintegrarse a la vida pública, como tantos exguerrilleros en otros países, es más, como lo hacen tantos excriminales.
Pero el trasfondo de esto es más grave, los 7 sólo son “chivos expiatorios”. En realidad no están detenidos por sus ideas, sino para atemorizar al pueblo, para hacer ver que los que fomentan las protestas son “terroristas” del MRTA o Sendero (el pueblo confunde a ambos grupos), resurgiendo el fujimorismo de los noventas. Además, es como una advertencia a todos los que realizan diversas formas de oposición al neoliberalismo (política, cultural, etc.) Pero felizmente ya no les resulta tan fácil, pues el pueblo está despertando y ya no se deja manipular tan fácilmente, ni por el gobierno ni por grupos de izquierda autoritarios, a quienes sabrá combatir como lo hizo en los años de guerra.