La negociación se alarga más y más
En julio-agosto del año 2010 y después del largo paro de la provincia de La Convención, el Ejecutivo emitió dos Decretos Supremos para calmar las protestas. El DS-030-2010-EM autorizó a Perupetro renegociar la exportación del gas del Lote 56 con el objetivo de mejorar las regalías que recibe el Estado; y el DS-053-2010-EM le facultó renegociar el contrato del Lote 88 y destinarlo en exclusiva al consumo interno.
Sin embargo, ya van seis meses sin llegar a un acuerdo con el Consorcio Camisea, liderado por la empresa Pluspetrol (que tiene el récord de contaminación en nuestro país). Primero se proyectó anunciar el pronunciamiento al término de diciembre del 2010, luego se extendió hacia fines de enero del presente año y el 29 de enero, se anunció que el plazo para las renegociaciones se extendió en 60 días, hasta el día 30 de marzo. El Consorcio Camisea había pedido incluso 90 días.
Las venas abiertas del gaseoducto
A inicios de febrero, unos 300 pobladores de 10 comunidades de la localidad de Vinchos, realizaron un plantón en las puertas de la empresa Perú LNG, exigiendo se cumpla con el pago de más de 6 millones 800 mil soles por concepto de indemnizaciones y resarcimiento a los miembros de esta comunidad, por afectaciones causadas a los terrenos en el proceso de instalación del gasoducto que atraviesa sus localidades. Según concluyó un estudio en marzo del 2010. Perú LNG habría desconocido el estudio, pese a que esta misma empresa pagó gran parte del mismo, y ahora está pidiendo que se efectúe otro peritaje. Lo único que exigen los comuneros es que se cumpla con los resultados del peritaje ya realizado.
El gaseoducto se extiende entre la planta de las Malvinas, en la selva de Cusco, y la base Melchorita, en la costa de Ica. En su trayecto ha registrado por lo menos 16 derrames verificados, ocultados por la prensa nacional y de cuyas consecuencias se sabe muy poco. El 23 de febrero se produjo un derrame más en el kilómetro 91, en territorio de La Convención. El gaseoducto de LNG sólo ha derramado malestar para la población peruana y grandes ganancias para las transnacionales.
El gasoducto surandino abortó
El gobierno firmó un contrato con la empresa privada Kuntur para la construcción del gaseoducto andino del sur, que sería destinado principalmente al consumo interno. En enero de 2011, Kuntur anunció suspender el contrato porque no están garantizadas las reservas que provean a este gaseoducto. De los 300 millones de pies cubicos de gas que requería solo hay 100.
Esto ha generado malestar en la población peruana, principalmente en la provincia de La Convención, pues confirma las sospechas de que el gobierno sólo estaba «meciendo» a la población. Una parte de la población y autoridades locales exigen que se garantice la construcción de esta obra, mientras algunos expertos indican que la solución es suspender la exportación del gas, para primeramente garantizar el consumo interno.
Exportación sin control
Mientras tanto, se sigue exportando el gas a precios bajos y sin justificar de qué lote de exploración proviene. Ya son 28 las embarcaciones que han salido del país y según Perupetro, una vez que la embarcación zarpa de la planta de Pampa Melchorita, propiedad de Peru LNG, el destino final en donde se vende el recurso es incierto.
La transnacional española Repsol YPF (con un amplio prontuario de violación de derechos humanos y contaminación ambiental) pertenece a PERU LNG y compra el gas natural al consorcio, para su posterior reventa. En la práctica es dueña del gas nacional, es un monopolio extraterritorial permitido por el gobierno. Lo peor es que en la práctica es la población peruana quien sigue pagando la construcción del ducto a Pampa Melchorita, a través de los impuestos.
Inicialmente se exportó a México, desde inicios del 2011 está vendiendo el gas a la compañía estatal surcoreana Korea Gas Corporation (Kogas). Según el ex-ministro Herrera Descalzi esto estaría generando una demanda insatisfecha de entre 300 y 400 (mpcd).
La lucha sigue
La población de La Convención a anunciado medidas de lucha para que el gobierno cumpla con sus compromisos. A esta se sumarían varios gremios de la región y algunas autoridades.
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