El conflicto generado por el cuestionado proyecto de Majes siguas II se ha incrementado, en el mes de enero y ya con nuevas autoridades, varias asambleas entre las organizaciones encabezadas por el renovado FUDIE y la nueva autoridad municipal de Espinar, encabezada por el alcalde Oscar Mollohuanca, elaboraron una plataforma conjunta de 15 puntos, en la que reiteran su defensa del agua para la provincia de Espinar y la cuenca del Apurimac. El viernes 7 se desarrolló una audiencia ante el juzgado de Yauri, en la que ambas partes presentaron sus argumentos. El procurador del gobierno regional de Arequipa sólo argumentó que como el proyecto se ubica en territorio de esa región, tienen derecho a desviar el agua, mostrando su ignorancia por lo que significa el manejo de una cuenca. Se deducía que el fallo del juez Prudencio Aymituma de Yauri, sería favorable a Espinar, entonces el gobierno central destituyó a ese magistrado, aún así, logró emitir la resolución que aprobaba los argumentos de Cusco, ordenando la suspensión temporal de la ejecución de Majes Siguas mientras no se culminen los estudios previos, que no habían sido tomados en cuenta.
El lunes 10 en la ciudad de Cusco, una asamblea multisectorial encabezada por el presidente regional Jorge Acurio y el alcalde de Espinar, acordó ratificar las demandas de esa provincia, convirtiéndolas en demandas regionales. Se conformaron tres comisiones para impulsar la defensa del recurso hídrico en los aspectos legal, técnico y político-social. Dos días después, una asamblea popular en Yauri, contó con la presencia de varias autoridades y postergó el reinicio de la huelga indefinida para el mes siguiente, para coordinarla regionalmente y para esperar la respuesta del gobierno. La asamblea respaldó al juez destituido y pidió la destitución del gobernador de Espinar y la Fiscal de la provincia, por ser parte de la persecución judicial a los dirigentes.
La respuesta del gobierno no se hiso esperar, anunciaron que de todas maneras se iniciaba la construcción de las obras en marzo, en la primera parte que afecta territorio arequipeño. Organizaciones afines al gobierno regional de Arequipa, amenazaron con realizar una movilización el día 27, pero no llegaron a ejecutarla, pues el día 20, una acción de amparo fue aceptada por el nuevo juez de Espinar, dejando sin efecto la resolución que paralizaba las obras. Una vez más, el gobierno y las empresas desoyeron las demandas de la población, pero esta vez, el pueblo ya está preparado. El 31 de enero en la ciudad de Cusco, una asamblea popular decidirá las acciones a tomar para enfrentar esta larga agresión del neoliberalismo. Entre las demandas se incluye la indemnización a las víctimas de setiembre y el cese a la persecución de los dirigentes. Se han sumado más provincias y la vecina región de Apurimac.
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