viernes, 20 de marzo de 2015

Denunciamos el abuso de poder, la manipulación y la hipocresía de la Iglesia en su Gran Marcha por la Vida

PRONUNCIAMIENTO

Como cada año, este bado 21 de marzo, el Arzobispado del Cusco está organizando su evento denominado “Marcha por la Vida” en donde, bajo pretexto de defender la vida  y la familia, impone los términos de varios debates (como es la no-legalización del aborto y el rechazo a la Unión Civil) siendo el Estado y las organizaciones sociales a quienes les atañe el tema, los que deberían plantear éstos términos de debate. Frente a ello, el Colectivo Juventud Cusco expresa su rechazo al abuso de poder, la manipulación de la información y la hipocresía del Arzobispado del Cusco.

1.       LA REALIDAD DE LOS ABORTOS CLANDESTINOS INSEGUROS Y PELIGROSOS.

El problema no está en saber si el aborto es bien o está mal. La realidad es que en el Perú, más de 350.000 mujeres abortan cada año1 (es decir, una cada minuto y medio) de manera clandestina. Por ser clandestino, se realizan sin el cuidado correspondiente ni las medidas de seguridad: 65.000 mujeres están hospitalizadas cada año2, y 1.800 mueren (5 cada día)3 a raíz de un mal aborto. Más preocupante aún es la situación de las niñas y adolescentes violadas (1 de cada 5 en el Perú), de las cuales el 34% resulta embarazada4; sus únicas dos opciones son volverse madre adolescente de un hijo producto de una situación traumática, o sufrir un aborto ilegal, con todo lo que conlleva. En lo que debería ser un asunto de salud pública, los abortos clandestinos se han vuelto un negocio que prima sobre la vida y la salud de las mujeres por falta de una legislación adecuada a esta realidad. Es un hecho que nadie puede cuestionar, pues lo muestran todas las cifras y las investigaciones de diferentes organizaciones de salud nacionales e internacionales, que también muestran que la legalización del aborto no hace aumentar el mero total de abortos practicados en un país, solo lo hace más seguro para las mujeres5.

Ninguna mujer quisiera tener que abortar; es una decisión difícil, a veces traumática, y precisamente por eso necesitamos espacios abiertos para reflexionar conscientemente del tema, no solas y a escondidas; tener información adecuada, no rumores y chismes. Las mujeres necesitan acompañamiento para cualquier decisión final que tomen. Porque al final de cuentas ayer, hoy y mañana, las que toman decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas, son y somos las mismas mujeres. Una mujer que ha decidido no llevar a cabo un embarazo, no lo llevará a cabo, diga lo que diga su padre, su tía, su profesor, su diputado o el sor Cipriani.

Obviamente, la legalización del aborto tiene que ir de la mano con una política pública de educación sexual realista y adecuada en donde no sea un tabú hablar de otros métodos anticonceptivos que la abstinencia (condones, pastilla anticonceptiva, pastilla del día siguiente, etc.) como la pregona la Iglesia.

POR ELLO: EXIGIMOS LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y POLITICAS PÚBLICAS DE EDUCACION SEXUAL INDEPENDIENTE DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS, COMO CABE EN EL PAIS LAICO EN EL CUAL SUPUESTAMENTE VIVIMOS.



1 Cifras de la ONG Flora Tristán
3 Cifras del Ministerio de Salud
4 Cifras del Ministerio de la Mujer (2013)
5 Estudio de la OMS, del instituto Guttmacher de EEUU y Flora Tristán


2.       DENUNCIAMOS EL ABUSO DE PODER Y LA MANIPULACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE COLEGIOS DEL CONSORCIO CATÓLICO

Muchos de los estudiantes de los colegios que pertenecen al consorcio católico en el Cusco están obligados a participar a la marcha del bado 21, condicionados a través de sus notas para la clase (obligatoria) de religión y a veces bajo amenaza de sanción ecomica a los padres de los que se negarían a participar.

Se manipula a un sector vulnerable de la población como es la niñez y la adolescencia, que no tienen acceso a una información imparcial que les ayude a construir su propia opinión sobre estos temas tan controversiales como puede ser el aborto.

3.       DENUNCIAMOS LA HIPOCRESÍA DE UNA INSTITUCIÓN QUE NO DEFIENDE A TODAS LAS VIDAS POR IGUAL

Este bado, el Arzobispado dice defender la vida; sin embargo nunca ha denunciado o nunca se ha solidarizado con el atropello que sufrieron y siguen sufriendo miles de mujeres esterilizadas a la fuerza bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Muchas murieron a raíz de intervenciones quirúrgicas y otras siguen sufriendo daños físicos y psicológicos irreversibles de estas intervenciones forzosas.

Tampoco denuncia la criminalización de la protesta, es decir los cientos de personas que han muerto producto de acciones policiales en el marco de manifestaciones sociales, donde incluso murieron menores de edad (por ejemplo, en los sucesos de Pichanaki, en febrero de este año, hubieron infantes afectados) que hasta ahora no encuentran justicia ni reparación.

Tampoco denuncia las graves enfermedades que adquieren poblaciones que están expuestas a proyectos extractivos, como el caso de Espinar que comprueba que se encontraron más de 35 metales pesados en el organismo de las personas, tanto adultas como niños, que viven en zonas aledañas al proyecto minero Tintaya. Hasta el momento, tampoco tienen acceso a servicios de salud, ni justicia ni reparación.

Más grave aún es la hipocresía de una institución que frente a los esndalos de pedofilia y abusos sexuales a niños practicados por cientos de años en sus propias filas, no los denuncia, y más bien los niega y los esconde cuando es bien sabido que esta realidad es un secreto a voces. Hasta a los turistas, se les explica que hay un nel entre el convento de Santa Clara y San Francisco donde se encontraron cadáveres de niños y fetos muertos; esto siendo la prueba intangible de la vida sexual secreta de los supuestos santos y de la práctica de algo que prohíben a otras mujeres con pretexto de pecado.

POR LO CUAL EXIGIMOS:

-        Que la Iglesia no se entrometa en el debate sobre el aborto, que tiene ser que llevado por el Estado y la sociedad civil, y que no obligue ni exponga a los estudiantes de colegios religiosos a participar en movilizaciones de carácter político.
-          Que el Estado tenga políticas públicas de educación sexual y aborto legal, libre y gratuito.
-     El cumplimiento de la Constitución Política que nos define como un Estado laico, en donde la Iglesia no imponga su visión moralista, llena de prejuicios y tabúes, sobre la educación sexual en los colegios públicos, permitiendo el acceso a una información imparcial y la construcción de una opinión libre y critica sobre estos temas
-          El acceso libre e informado a todos los métodos anticonceptivos que permitan evitar

embarazos no deseados (en términos de acceso económico, geográfico y social.


Colectivo Juventud Cusco
20 de marzo de 2015